Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Preguntas frecuentes

 

Sobre las Leyes de la Transparencia


 

¿Qué regula la Ley de Transparencia?

La Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) y la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública prevén qué información deben publicar las Administraciones Públicas para conocimiento de los ciudadanos, cómo pueden pedir los ciudadanos información a las Administraciones y cuáles son las reglas de Buen Gobierno que deben respetar los responsables públicos.

¿Qué entidades están obligadas a proporcionar información?

Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales (incluida la Casa de Su Majestad el Rey) y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, están obligadas a cumplir las Leyes de Transparencia. Es decir, deben publicar la información  que las Leyes mencionan y, además, responder a las solicitudes de información que presenten los ciudadanos.

Deberán también publicar la información prevista en las Leyes entidades privadas como los partidos políticos, sindicatos, organizaciones sindicales y otras entidades que perciban ayudas públicas.

En el caso del presente Portal de la Transparencia, atendiendo al artículo 10 de las LTBG, se publica la información que se solicita con mayor frecuencia.

¿Qué es un Portal de la Transparencia?

Es la plataforma por la que se podrá acceder a la información de la Administración Pública. También contendrá la información que los ciudadanos soliciten con mayor frecuencia en ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

¿Qué contiene este Portal?

El Portal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

 

Sobre la Publicidad Activa


 

¿Qué es la Publicidad Activa?

Es una información agrupada en las categorías definidas en las leyes, que las administraciones públicas deberán publicar de forma periódica y actualizada para garantizar la transparencia de su actividad.

En este Portal de la Transparencia se facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística prevista en las Leyes.

¿Qué información se publica en el Portal?

Las Leyes regulan la publicación de las siguientes categorías de información en lo que se conoce como Publicidad Activa:

Información organizativa

  • Funciones que se desarrollan en los organismos
  • Normativa de aplicación
  • Estructura: organigrama con identificación de los responsables de las unidades, su perfil y trayectoria profesional
  • Planes y programas anuales, objetivos, grado de cumplimiento y resultados

Información de relevancia jurídica

  • Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas (que supongan una interpretación del Derecho o produzcan efectos jurídicos)
  • Anteproyectos de Leyes o de Decretos Legislativos
  • Proyectos de Reglamento
  • Memorias e Informes incluidos en los expedientes de elaboración de textos normativos
  • Documentos que deban ser sometidos a información pública

Información de contenido económico

  • Contratos
  • Convenios y encomiendas de gestión
  • Retribuciones de altos cargos
  • Subvenciones y ayudas públicas
  • Presupuestos
  • Cuentas anuales. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización
  • Resoluciones de la Oficina de Conflicto de Intereses que afectan a empleados públicos y altos cargos
  • Información estadística de grado de cumplimiento de los servicios públicos
  • Bienes inmuebles de propiedad estatal

¿Existe alguna restricción a la publicación de la información?

En efecto. Puede que la información no pueda publicarse porque afecte a cuestiones sensibles como la seguridad nacional, la defensa o la protección de datos personales. En estos casos, deberá comprobarse si, verdaderamente, la publicación afecta a los límites que la Ley prevé o, para el caso de los datos personales, si éstos pueden eliminarse del documento que se publique.

¿Qué ocurre si no encuentro información en el Portal?

En principio, la información más relevante para el ciudadano y de frecuente acceso estará disponible en el Portal de manera accesible, reutilizable e interoperable. Si el interesado necesita más información o necesita más detalle, entonces, se podrá acceder al servicio de solicitud de información pública que es un derecho regulado por la ley de transparencia y buen gobierno. Este servicio se especifica en el Portal.

¿Qué ocurre si no se cumple con las obligaciones de transparencia y no se publica la información?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal y elComisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias velarán por el cumplimiento de las disposiciones de las Leyes y el incumplimiento podrá dar lugar a procedimientos disciplinarios.

 

Sobre el Derecho de Acceso a la Información


 

¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?

Es el derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

¿Se puede pedir cualquier información?

El derecho de acceso a la información está sujeto a ciertos límites que tienen como objetivo proteger otros bienes jurídicos que pueden quedar desprotegidos si se da la información. Es decir, los límites existen para proteger información que no debe ser pública porque, si lo fuera, podría dañar a una persona o al interés público.

Los límites tasados en la Ley 19/2013 son los siguientes:

  • La seguridad nacional
  • La defensa
  • Las relaciones exteriores
  • La seguridad pública
  • La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios
  • La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
  • Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control
  • Los intereses económicos y comerciales
  • La política económica y monetaria
  • El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
  • La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión
  • La protección del medio ambiente

¿Cómo se aplican los límites?

El órgano al que se le solicita una información cuya publicación considera que puede perjudicar a alguno de los límites deberá valorar si, efectivamente, se produce un daño si se provee esa información.

¿Por qué existe protección de datos personales?

Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

¿Qué es el acceso parcial?

En los casos en los que se solicite información en la que parte de la misma esté sometida a alguna causa de límite del derecho, se admitirá parcialmente la solicitud y se indicará al solicitante la información que ha sido omitida.

¿A nivel estatal qué puede hacer un ciudadano al que se le deniega información?

La Ley 3/2015 de Transparencia fija que institución es la encargada de controlar que las administraciones cumplen la ley en materia de transparencia y de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en su derecho de acceder a la información pública. Esta velará porque los ciudadanos tengan acceso, en todas las instituciones, a información relacionada con la gestión económica, la ejecución del presupuesto o la contratación pública.

Además el ciudadano  puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente encargado de velar por el correcto cumplimiento de las disposiciones de la Ley 19/2013 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público previsto en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, actuando con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.


 

¿Qué es el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias?

Es un órgano creado por la Ley de Transparencia de Canarias y dedicado al fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito canario. En ejercicio de las funciones que le atribuye la Ley ha de actuar con autonomía y plena independencia.

La regulación de este órgano se recoge  en el título IV de la Ley  Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. 

Se le atribuyen al Comisionado de Transparencia diversas facultades, entre las que se destacan dos principales:  las de control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el título II de la Ley por los organismos y entidades sujetos a la misma (conocida como “publicidad activa); y  la resolución de las reclamaciones que se interpongan los ciudadanos contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia de Canarias.

La persona titular de este órgano es elegida  por mayoría de tres quintas partes de los 60 diputados del Parlamento de Canarias, y para su revocación o cese es preciso el voto del mismo porcentaje de parlamentarios. Su mandato es de cinco años, no renovable, y ha de ser elegido entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional. En consecuencia, no tiene dependencia orgánica ni funcional del Gobierno de Canarias, Cabildos o Ayuntamientos sobre los que ejerce el control en materia de Transparencia y acceso a la información pública.

Para garantizar esa autonomía a independencia, el cargo de comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública o empresa, o con la afiliación a un partido político o sindicato.

Las administraciones y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley tiene el deber de facilitarle al Comisionado toda la información que les solicite, así como la obligación de prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones.

 

¿Cuál es el principal servicio del Comisionado de la Transparencia dirigido a los ciudadanos?

Los ciudadanos y las personas jurídicas pueden presentar, sin coste alguno ni necesidad de abogado o representación jurídica, reclamaciones  contra las resoluciones, expresas o presuntas, de las solicitudes de acceso a la información que se dicten en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos y por sus entidades dependientes. Pueden presentar la reclamación de forma  previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

 

¿Cuál es la forma y el plazo para la presentación de las reclamaciones?

Conforme al artículo 53 de la Ley, la reclamación se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de   la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; es decir, un mes después de haber solicitado la información.

 El escrito de interposición, dirigido al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá contener:

  • La identificación de la persona interesada.
  • La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama, o de la solicitud que ha sido denegada por silencio administrativo.
  • Los motivos por los que se reclama.
  • La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación.  

A estos efectos puede usarse el formulario adjunto a esta información.

¿Dónde presentar las reclamaciones?

La reclamación podrá presentarse en el registro del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en cualquiera de los lugares previstos para la presentación de escritos dirigidos a la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; es decir, registros oficiales del  Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, principalmente.

También puede remitirse firmada y por correo a:

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Edificio del Parlamento de Canarias:  Teobaldo Power, 7

38002-Santa Cruz de Tenerife

El Comisionado de la Transparencia, con presupuesto económico ya desde enero de 2016, trabaja en la creación de las primeras herramientas de administración electrónica que permitan un registro telemático para la presentación de las reclamaciones.

 

¿Cómo se tramitan las reclamaciones?

Cuando la denegación del acceso a la información solicitada por el ciudadano a una administración  se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros el Comisionado de la Transparencia  otorgará, previamente a la resolución de la reclamación, trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga.

La resolución de la reclamación nunca se producirá en  plazo superior a tres meses desde la fecha de entrada de la misma en el registro del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La resolución que se adopte por el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública será en todo caso motivada, y podrá estimar o desestimar, en su totalidad o en parte, la reclamación presentada.

 

¿Cuáles son las funciones del Comisionado sobre la transparencia de las administraciones públicas canarias?

Se centran fundamentalmente en el control del cumplimiento de la obligación de publicar en las webs o en los portales de transparencia de cada administración aquellas informaciones que vienen detalladas en los más de doscientos bloques de datos del Título II de la  Ley de Transparencia de Canarias.

El Comisionado ha de formular recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones de transparencia establecidas; ha de prestar asesoramiento  en materia de acceso a la información pública y de transparencia; y ha de evaluar el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley. Y, cuando, de oficio o como consecuencia de denuncia, verifique el incumplimiento de hacer pública la información podrá requerir su subsanación a la administración que la omita.

Finalmente, el comisionado o comisionada de Transparencia ha de elaborar y elevar  anualmente al  Parlamento un informe sobre el grado de aplicación  de la Ley de Transparencia y ha de instar al cumplimiento  del régimen sancionador cuando detecte reiteradas carencias o faltas en esta materia.

 

¿Cómo contactar con el Comisionado de Transparencia de Canarias?

COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Edificio del Parlamento de Canarias: Teobaldo Power, 7

38002-Santa Cruz de Tenerife